No hay desarrollo sin una fuerte inversión pública
05-01-2010 /
Débora Giorgi
Ya bien entrado el siglo XXI no debería ser motivo de discusión el hecho de que el mercado es una construcción social. Cada sociedad define qué bienes pasan o no por el mercado, lo regula y lo ordena, y en general lo dirige hacia donde considera que puede contribuir de mejor manera al bienestar de cada uno de sus miembros. Esa definición se hace –con legislación y regulaciones– a través del Estado. No se discute tampoco que el mercado es un buen asignador de recursos, pero que si no se lo controla y complementa sus fallas –que siempre existen– pueden llevar a una distribución de la riqueza injusta y no sustentable. Actuando en un mercado libre las fábricas de la Inglaterra de la época Dickens empleaban niños de menos de 10 años, que trabajaban hasta doce horas diarias. Sin control, las industrias vertían directamente sus efluentes en los ríos y el aire, ya que tales costos eran una “externalidad” que la propia industria no pagaba… como sí lo hacía la sociedad en su conjunto.
Hoy la responsabilidad social empresaria y la conciencia ambiental son políticas firmes de numerosas empresas grandes, medianas y pequeñas; pero lo son, en gran parte, gracias a que el Estado canalizó los reclamos de la sociedad civil en una regulación moderna que permite que los agentes económicos “hagan propios” no sólo los costos directos sino aquellos que su propia acción impone al resto de la sociedad, y que antes consideraban “ajenos”.
Por todo ello, tampoco se discute ya el rol del Estado como ordenador del mercado y actor relevante en el mismo. Es que la asociación del mercado con una “mano invisible” que lleva indefectiblemente a la sociedad hacia su bienestar, independientemente del egoísmo y miopía de los actores económicos que actúan en el mismo, sólo se sostiene en una situación “de laboratorio”, que ni el mismo Adam Smith compartía. En efecto, es ampliamente conocida su frase de que “los empresarios de un mismo sector raramente se reúnen entre ellos, aun por diversión, sin que la conversación derive en una conspiración contra el público o en algún esquema para aumentar los precios”.
INVERSIÓN. Cansa un poco, entonces, escuchar las viejas críticas acerca del “clima de inversión” y de “excesos” en la intervención estatal en la economía, y particularmente contra el nivel de la inversión pública. Es indicativo del bajo nivel de la discusión económica en la Argentina que las críticas a la acción del Gobierno transiten carriles remanidos, comparando un mercado “de probeta” contra las imperfecciones de toda acción pública, y olvidando –o no reconociendo– los numerosos ejemplos mundiales y locales de la eficacia de la inversión pública en lograr la riqueza de las naciones.
Las políticas públicas de fomento de la inversión y de la industria no son –como algunos parecen creer– sólo recetas de países “bananeros” (con todo respeto por los países productores de bananas), o “sojeros”, que no aceptan sus ventajas comparativas estáticas. En la base del actual bienestar de los países hoy desarrollados se encuentran modelos de fuerte intervención pública.
Recordemos cómo salió Estados Unidos de la crisis del ’30. En el paquete de medidas que el recién elegido presidente F. D. Roosevelt logró hacer aprobar al Congreso, en sólo los primeros cien días de su gobierno, se destacaban acciones de fuerte y necesaria intervención estatal.
* La creación de la Federal Emergency Relief Administration, que llegaría a pagar, en forma de subsidios sociales o de salarios en obras de infraestructura pública, más de 3 billones de dólares.
* El establecimiento del Civilian Conservation Coros, donde más de tres millones de jóvenes encontraron trabajo en la construcción de caminos, en tareas forestales y en obras para control de inundaciones. Estas dos agencias se unirían luego en la Works Progress Administration.
La Emergency Banking Act, que proveyó al presidente con los medios para reabrir bancos viables y regular en general la actividad financiera.
La creación de la Tennessee Valley Authority (TVA), ambicioso proyecto para explotar los recursos del mencionado río, con la construcción por parte del gobierno de diques, represas y plantas hidroeléctricas, juntamente con una fuerte planificación territorial de las actividades agrícolas e industriales.
EUROPA Y ASIA. En la Europa de la segunda posguerra los más de u$s13 billones del Plan Marshall, canalizados a través de los gobiernos, se orientaron a reequipar a la industria europea, a establecer fondos para desarrollar nuevas empresas y fortalecer a las existentes. En 1952, cuando terminó el ingreso de fondos americanos, todos los países beligerantes habían crecido por encima de sus niveles de preguerra y la producción europea era un 35% mayor que en 1938. A partir de esa época, Europa inició un proceso de desarrollo que duraría más de dos décadas, y uno de integración que culminaría –como hito– con la adopción de la moneda única en enero de 1999.
Japón, por su lado, se recuperó de la guerra con una fuerte intervención del Estado, con comercio administrado y orientación a la exportación. En este proceso –que generó el período de crecimiento más largo de la historia japonesa– fue clave el rol del Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI, por sus siglas en inglés). Como señalara Chalmers Johnson, el destacado especialista en la economía japonesa, “la particular velocidad, forma y consecuencias del crecimiento japonés no se entenderían sin las contribuciones del MITI”.
Finalmente, en el sudeste asiático, tanto Corea del Sur como Singapur y Taiwán utilizaron la inversión pública en su esfuerzo de reconstrucción luego de la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea. En Corea, por ejemplo, los casi u$s200 millones anuales que ingresaron como ayuda externa durante más de una década se orientaron fuertemente a incrementar la producción industrial, con énfasis en la generación eléctrica y la producción textil y cementera, lo que llevó a que el sector industrial creciera a un promedio de 14% anual por más de cinco años. Si bien estos países recibirían luego una importante corriente de inversión privada extranjera, no es casual que la misma se realizara después de que los respectivos gobiernos invirtieran fuertemente en infraestructura, desde las centrales eléctricas de Corea a las redes de telecomunicaciones de Singapur y los institutos de investigación y los parques industriales de Taiwán.
De modo que asociar en la Argentina la presencia de un Estado fuerte, que toma decisiones en política industrial y que invierte en infraestructura de base con potenciales problemas en el “clima de inversión”, debidos –supuestamente– a la “intervención estatal”, no sólo tiene un tufillo demodé sino que va en contra de la experiencia –no sólo reciente– de países que están a la cabeza de las economías mundiales y que dan mejor bienestar a sus pueblos.
Y van en contra también de la propia realidad argentina. Luego de la profunda crisis de los años 2001–2002, ¿cuál fue la respuesta de la inversión bruta fija argentina? Comparando con otros países que habían sufrido crisis en la segunda mitad de la década de los ’90 (Tailandia, México, Brasil, Rusia, entre otros), la inversión argentina –pública y privada– fue la que más rápidamente se recuperó: cinco años después del pico de la crisis los niveles de inversión estaban un 35% por arriba de los mejores años previos a la crisis, y 208% por arriba del peor momento de ésta. El país mejor colocado, México, estaba 32% arriba del mejor momento precrisis, pero habiendo caído su economía la mitad de lo que cayó la economía argentina. Además, la relación entre inversión y PBI (a precios constantes) se encuentra apenas por debajo –con 23%– del máximo de los últimos sesenta años.
Debe notarse que, con ser la inversión pública la componente de la inversión total que creció más dinámicamente desde 2003 (517%), todavía la inversión privada es casi el 80% de la inversión total. Es decir, para los agoreros de la “estatización de la economía”, el dinamismo inversor argentino está basado en una inversión pública dinámica y estratégica, pero minoritaria, y en una fuerte inversión privada. Los anuncios de inversión privada en 2008 totalizaron u$s16,9 miles de millones; en 2009, u$s14 miles de millones, y sólo en el reciente llamado a acogerse a los beneficios de la ley de promoción industrial se recogieron proyectos por más de 10.000 millones de pesos.
ESTADO. Es que la inversión productiva nacional o extranjera lo que busca para radicarse es la competitividad sistémica en un país: la vinculación entre sanas políticas macroeconómicas y sectoriales, un Estado presente que genere los incentivos adecuados y la oportunidad de participación privada. En ese sentido, la Argentina cumple todas las condiciones: crecimiento macroeconómico, disciplina fiscal, instituciones sólidas, participación privada en la ejecución de las obras de infraestructura públicas, por años postergadas.
Así, la Argentina es atractiva para la inversión productiva: no sólo la inversión extranjera directa se ha mantenido en niveles relevantes (aproximadamente u$s5 mil millones promedio anual), sino que el ahorro doméstico –público y privado– ha sido fuente fundamental del financiamiento. Esto demuestra que si antes los argentinos desconfiaban de su propio país, hoy están dadas las condiciones para invertir y generar riqueza. Nadie crece como ha crecido la Argentina ni ha transitado esta crisis internacional como lo hemos transitado si ello no fuera una realidad.
Por eso es que no debemos volver a viejos debates sino destacar que tanto el Estado como la iniciativa privada tienen su rol en una economía moderna. Porque como el mercado no es perfecto, el Estado debe intervenir para motivar, orientar, incentivar y planificar. Para cerrar con Adam Smith, que seguramente no podrá ser citado como estatista, parte del deber del Estado es promover las “obras públicas” que faciliten el comercio y la actividad productiva en general, actividades sin las cuales no puede generarse ninguna “riqueza de las naciones”.
En eso estamos trabajando para llevar adelante un desarrollo con equidad como lo buscaron y lo buscarán los gobiernos democráticos, independientes de los intereses particulares y responsables de su mandato popular de inclusión y bienestar general.
Débora Giorgi
Ministra de Industria y Turismo de la Nación
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Fuente: El Argentino
